La Campaña  Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito –filian San Juan-  emitió un comunicado sobre el irregular fallo de tres jueces (hombres): Juan Carlos Noguera Ramos, Juan Carlos Pérez y Sergio Rodríguez de la Sala III de la Cámara Civil que le dieron lugar a una medida cautelar de un varón contra los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de una mujer de San Juan.

En el comunicado remarcan que la resolución dictada resulta “absolutamente lesiva de la intimidad de mujeres y personas gestantes y convalida violencia sexual, violencia institucional de la obra social y del servicio de justicia, por lo que corresponde sea revocada”.

Indican que es imperioso exponer que es voluntad exclusiva y personalísima de toda mujer y persona gestante, ejercer la opción de interrumpir o continuar un embarazo dentro de los términos previstos por la Ley 27.610. “En este sentido consideramos que tanto la resolución de los jueces Juan Carlos Noguera Ramos, Juan Carlos Pérez y Sergio Rodríguez, así como la dilación por las autoridades de la Obra Social Provincia para dar curso al pedido formal de aplicación constituyen violencias institucionales”.

Recuerdan que la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres (la cual está en San Juan desde diciembre de 2019, recién después de 11 años de sancionada a nivel nacional) en su art. 5to define la violencia sexual contra la mujer como cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. La intromisión de toda persona y la exposición mediática de toda mujer y persona gestante sobre su derecho a decidir, no solo atenta contra su dignidad y provoca daños en su integridad psíquica sino que se constituye en violencia sexual.

Remarcan también el hostigamiento mediático (de medios provinciales y nacionales) que focalizan en el debate sobre vigencia o no de una ley nacional y la exposición que vulnera la privacidad sobre el derecho a decidir de una mujer o persona gestante por lo que señalan que la mujer sufrió además violencia simbólica y mediática.

En otro punto del comunicado, señalan que es necesario manifestar el absurdo de la resolución de los jueces: “Tal es el absurdo de esta conclusión que, con el criterio exteriorizado por la Cámara, una mujer podría ser obligada a abortar por orden judicial. Si su cónyuge quiere que aborte, podrá, con este criterio, recurrir ante la justicia para argumentar y solicitar que los tribunales la obliguen a someterse a un aborto por la fuerza”, mostrando un elocuente  desconocimiento de la ley, falta de perspectiva de género y ausencia de la formación en género.

Finalmente, indican: “El sistema de tutelaje en que la mujer es sometida a la voluntad del marido, se acabó hace mucho tiempo en la Argentina. Además, la Ley nunca le concedió derechos al cónyuge sobre el cuerpo y la vida del otro cónyuge. Ni antes de la ley 27.610, ni después de su entrada en vigencia, el cónyuge no gestante nunca ha tenido – ni podría tener–, la potestad para decidir si un embarazo se interrumpe o continúa”.

En ningún caso la ley sancionada por el Congreso Nacional estableció que la persona con capacidad de gestar debía obtener previamente el consentimiento de su cónyuge o pareja, sea que el embarazo fuera producto de una relación sexual consentida o no.