El Tribunal de Impugnaciones de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial de Villa Mercedes ordenó este jueves continuar con la investigación por la muerte de Magalí Morales en la comisaría de Santa Rosa en abril de 2020, según informó la Oficina de Prensa del Poder Judicial de San Luis.

La resolución fue la respuesta a la apelación del fallo emitido por el Juzgado de Instrucción Penal del Departamento Junín, que dispuso el procesamiento de los cuatro efectivos policiales por incumplimiento a los deberes de funcionario público, y la prisión preventiva para dos de ellos por los delitos de aplicación de vejaciones y severidades en el ejercicio de sus funciones.

Se trata de los efectivos a María Eugenia Argüello, Johana Paola Torres, Marcos Ontiveros, y Heraldo Clavero. En el caso de estos últimos – los efectivos de rango más alto – se requirió que también sean indagados por los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público mediante abuso de sus funciones, ambos en concurso real.

Las partes apelaron ese fallo de primera instancia, y el 4 de marzo de 2022 se conformó el tribunal encargado de analizar y resolver tales presentaciones. Los jueces Hernán Herrera, Virna Eguinoa y Sandra Ehrlich resolvieron, entre otras cuestiones, que el Juzgado Penal a cargo de Jorge Pinto continúe con la investigación del caso, “debiendo tenerse presente que dicha pesquisa deberá llevarse adelante bajo la perspectiva de género”.

Asimismo, dispuso la ampliación del llamado a indagatoria para los cuatro policías procesados, por considerarlos “co-autores de los delitos de torturas agravadas por el resultado muerte”. En otro de los puntos de la resolución, el tribunal ordenó enviar copia de las actuaciones a la Unidad de Abordaje Fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial para que se realice una investigación exhaustiva de la conducta desplegada por el Médico Forense que practicó la primera autopsia, Gustavo Lafourcade, a fin de establecer si el mismo incurrió en los delitos de encubrimiento agravado – por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave y tratarse de un funcionario público -; y de omisión de los deberes de su oficio.